EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN ESPAÑA

Isabel Fernández Alonso
Instituto de la Comunicación
(Universidad Autónoma de Barcelona)

 

Con este artículo no pretendemos, obviamente, trazar un mapa detallado del complejo entramado audiovisual español ni mucho menos de su evolución, sino ofrecer una panorámica del conjunto, que sea de utilidad al lector medio y a los estudiosos de la comunicación no expertos en cuestiones de estructura del sistema audiovisual y políticas de comunicación.

La exposición se articula en torno a cuatro apartados: las televisiones públicas, las televisiones privadas generalistas, la televisión multicanal y de pago y la radio. Pero antes vamos a hacer una breve referencia a los principales grupos de comunicación que existen actualmente en nuestro país.

Con la llegada de la democracia comienzan a configurarse en España tres grandes grupos de prensa: PRISA, Zeta y el Grupo 16. Los dos primeros se han ido consolidando progresivamente, mientras que el tercero inició con la marcha de Pedro J. Ramírez un declive del que no ha logrado recuperarse. La consolidación de la que hablamos coincide con una expansión hacia el ámbito audiovisual y hacia otras industrias culturales. Hoy las empresas promovidas por Polanco y el recientemente fallecido Asensio comparten el grueso del mercado mediático con dos sociedades familiares con un siglo de vida, Prensa Española y Godó, editoras de ABC y La Vanguardia, respectivamente; con el Grupo Correo, configurado en pleno franquismo y líder de la prensa regional en nuestro país; con Recoletos, propiedad en su casi totalidad del grupo británico Pearson, que tras su reciente alianza con Bertelsmann ha propiaciado el nacimiento de RTL, un gigante sin sombra en el panorama audiovisual europeo; y con dos antiguas empresas públicas, Telefónica y Auna, que tras su privatización han extendido sus tentáculos hacia diferentes ámbitos del mercado audiovisual, como a continuación iremos viendo. Todo ello sin olvidar la existencia de una radio y televisión públicas con una nada desdeñable audiencia y algunas otras empresas no tan influyentes, pero con una presencia relevante en sectores concretos, como es el caso de Cableuropa, que ha realizado notabilísimas inversiones en el cable, y Prensa Ibérica, segundo grupo destacado en el mercado de la prensa regional. Por su parte, la Iglesia sigue conservando una cierta presencia en los medios, fundamentalmente a través de la Cadena COPE, mientras que otras organizaciones como la ONCE, que en su día apostó con cierta fuerza por la inversión en el mercado mediático, han optado por vender sus participaciones en Tele 5 y Onda Cero, si bien conserva otras como la agencia de noticias Servimedia, que lanzaba el 12 de marzo de 2001 el diario electrónico Solidaridad Digital, orientado a los discapacitados.

Mención aparte merece el grupo Planeta, cuya estrategia de penetración en el mundo de los medios es muy reciente, pero alcanza a los tres sectores clásicos: prensa (a principios de abril de 2001 aumentaba hasta un 23% su participación en La Razón), radio (entra en Radio España en 2000 y se hace con una de las licencias de radio digital) y televisión (forma parte del accionariado de Horizonte Digital -el consorcio de empresas catalanas que optó sin éxito a una licencia de televisión digital por ondas terrestres-, además de contar con una participación minoritaria en Tele 5, y de ejercer el control de Quiero Tv).

 

1. RTVE y los entes públicos autonómicos
Las emisiones regulares de televisión para Madrid no se inician hasta octubre de 1956, lo que supone un cierto retraso con respecto a los países del entorno. La segunda cadena comienza a emitir oficialmente en noviembre de 1966, tras habilitarse la banda de frecuencias de UHF, y tardará unos quince años en tener una cobertura realmente estatal, oscilando su programación entre las tres y cinco horas diarias.

Tras la muerte de Franco se inicia el proceso de democratización de los órganos de gobierno de RTVE, proceso que concluye con la aprobación de un Estatuto (Ley 4/80, de 10 de enero) que, aunque se ha intentado modificar en múltiples ocasiones, hoy continúa en vigor y además traza un modelo que se ha reproducido en la Ley del Tercer Canal (Ley 46/83, de 26 de diciembre) a la hora de dibujar el entramado de gestión de los entes públicos autonómicos. Muy sintéticamente, al frente de la radiotelevisión pública estatal y de las autónomicas se sitúa un Consejo de Administración formado por 12 miembros elegidos por el Parlamento (nacional o autonómico) y un director general que preside este Consejo y es nombrado por el Ejecutivo (nacional o autonómico). Dado este sistema, las frecuentes mayorías absolutas de nuestra democracia han acentuado aún más la politización de los organismos públicos de radio y televisión.

La cuestión de actualidad más relevante en lo que toca a RTVE es su reciente adscripción -a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos a los Presupuestos Generales del Estado para 2001- a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), un holding que aglutina las participaciones del Estado en las empresas públicas. Esta adscripción, con la que el Gobierno pretende sanear económicamente el Ente, ha sido vista desde diferentes sectores como un primer paso hacia su privatización, cosa que ha ocurrido anteriormente con otras empresas públicas que pasaron a la órbita de la SEPI. No obstante, esta posibilidad no parece que tenga visos de hacerse efectiva.

En cuanto a los organismos de radiotelevisión autonómicos, éstos han ido surgiendo a lo largo de los años ochenta y noventa, todos ellos a raíz de la aprobación de la Ley del Tercer Canal, salvo los casos particulares de ETB y TV3. El primer canal de la televisión vasca inicia sus emisiones el 1 de enero de 1983, autorizado por la polémica Ley 5/82, de 20 de mayo, de creación del ente público Radiotelevisión Vasca, que, aunque reproduce igualmente el modelo de la Ley 4/80, es previa a la Ley del Tercer Canal. Lo mismo sucede con la Ley 19/83, de 30 de mayo, de creación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, si bien TV3 sólo emitía en pruebas cuando fue aprobada la Ley del Tercer Canal.

Actualmente existen doce canales de televisión pública autonómicos, dos en las comunidades vasca (ETB1 y ETB2), catalana (TV3 y Canal 33), andaluza (Canal Sur y Canal 2), valenciana (Canal 9 y Punt 2, antes Notícies 9) y madrileña (Telemadrid y laOtra), y una en Galicia (TVG) y Canarias (Televisión Canaria). Se da la particularidad de que en la región murciana únicamente funciona la radio pública.

Cabe mencionar igualmente que las primeras comunidades en poner en funcionamiento los organismos de radiotelevisión autonómicos fueron las llamadas nacionalidades históricas, en las que éstos han jugado un papel muy importante en los procesos de normalización lingüística. El hecho de contar con una lengua propia fue la excusa perfecta tras la que se esconde la función política que estos organismos cumplen indistintamente en todo el territorio español.

Para afrontar la competencia de los canales privados, en 1989 los organismos de radio y televisión autonómicos se agruparon en la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos).

Recientemente Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana, ha anunciado –como ya lo hiciera hace tiempo Ruíz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid- su voluntad de apostar por la gestión privada de Canal 9, algo que vulneraría la legislación vigente.

Una solución alternativa es la adoptada con respecto a la Televisión Canaria. El Consejo de Administración del ente público insular adjudicó en diciembre de 1998 la producción de la televisión pública autonómica –excepto los informativos-, con los votos del PSC-PSOE y Coalición Canaria, a la Productora Canaria de Televisión, participada en un 40% por Sogecable. Ante este hecho, el Ministerio de Fomento presentó un recurso de casación que fue estimado por el Tribunal Supremo en noviembre de 1999, sin que hasta el momento la sentencia se haya hecho efectiva.

Un caso curioso es el de la televisión autonómica de Extremadura. En esta Comunidad, tras varios meses de infructuosas negociaciones entre las principales fuerzas políticas, el gobierno presidido por el socialista Rodríguez Ibarra ha decidido negociar un convenio con el Ejecutivo andaluz -presidido por el también socialilista Manuel Chaves- para que se emita desde las instalaciones de Canal Sur una programación específica para Extremadura.

Otras comunidades autónomas donde se ha debatido en más de una ocasión sobre la creación de un organismo público de radiotelevisión autonómico son, además de Extremadura, Castilla-La Mancha –cuya ley ya ha sido aprobada-, Aragón, Castilla y León, Navarra, Baleares y Asturias. Y ello a pesar de que, según los últimos datos del informe anual que elabora Infoadex, los ingresos por publicidad de las televisiones autonómicas crecieron la mitad que la media del sector.

 

2. Televisiones privadas generalistas. El ámbito local
La televisión privada no llega a España hasta bien avanzada la década de los ochenta, a pesar de las peticiones que, en este sentido, se sucedieron desde la Transición: fueron muchas las empresas que solicitaron al Ejecutivo autorización para empezar a emitir –destacando sobre todas ellas Antena 3- y varios los fallidos intentos legislativos para ponerla en marcha desde principios de los años ochenta. Finalmente, es la Ley 10/88, de 3 de mayo, la que da vía libre a la televisión privada en nuestro país. Y así, el 25 de agosto de 1989 se adjudican las tres licencias que salen a concurso, resultando beneficiarios la citada Antena 3, cuyo accionista de referencia es enotnces el Grupo Godó; Tele 5, participada con un 25% de los títulos cada una (el máximo permitido entonces) por Anaya, la ONCE y Berlusconi; y Canal Plus, el proyecto de PRISA y Canal Plus Francia. Quedan fuera Canal C, promovido por un grupo de profesionales y empresarios catalanes, y Univisión, el canal que pretendía lanzar el Grupo Zeta, que luego recurrió, sin éxito, la decisión del gobierno ante el Tribunal Supremo. Se criticó mucho en la prensa el hecho de que se autorizara un canal de pago, máxime cuando Canal Plus no comenzó a emitir dentro del plazo inicialmente establecido por el Ejecutivo. Luego sería, curiosamente, la primera de las tres empresas en obtener beneficios.

A lo largo de los años noventa se han producido diversas alteraciones en la propiedad de estos canales, resultando significativa, en este sentido, la ampliación hasta un 49% del techo de participación de un mismo socio en el accionariado de las televisiones privadas, realizada por el Partido Popular. Así las cosas, actualmente Canal Plus sigue en la órbita de PRISA, el socio de referencia de Antena 3 es desde julio de 1997 Telefónica, mientras que Tele 5 tiene como principales accionistas a Berlusconi (40%), al grupo alemán Kirch (25%), y a Correo (25%).

De las tres cadenas privadas generalistas que actualmente emiten a nivel nacional, es precisamente esta última, Tele 5, la que en el ejercicio 2000 ha obtenido unos beneficios netos más elevados, 25.742 millones de pesetas, que la convierten en el canal más rentable de Europa. Asimismo, superó en 0.8 puntos la audiencia de Antena 3, siendo, por tanto, la segunda televisión más vista en nuestro país, tras TVE1.

En los últimos años, con la llegada de la tecnología digital se está modificando el mapa televisivo español considerablemente. La compresión digital amplía las posibilidades del espectro radioléctrico, permitiendo la existencia de nuevos operadores y España pretende ser –tras el Reino Unido y Suecia- uno de los países europeos pioneros en la implantación de esta nueva tecnología. En este sentido, el Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, que aprueba el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrenal, reserva cinco programas para que TVE1, TVE2, Tele 5, Antena 3 y Canal Plus inicien sus emisiones en digital. A las tres cadenas privadas se les da un plazo de dos años a partir de la renovación sus concesiones, hecho que se produjo en marzo de 2000, en el último Consejo de Ministros de la primera Legislatura del PP. El citado decreto establece que el resto de programas de cobertura estatal, autonómica y local han de ser adjudicados por las autoridades competentes –gobierno central o ejecutivos autonómicos- para su explotación en régimen de gestión indirecta. El carácter abierto o no de las emisiones es una opción política.

Hasta el momento únicamente se han convocado y resuelto dos concursos a nivel estatal y uno a nivel autonómico. Así, el Consejo de Ministros otorgó el 18 de junio de 1999 los 14 programas ofertados a la única candidatura concurrente, Onda Digital, que actualmente emite como Quiero Tv. A ella haremos referencia en el epígrafe siguiente por tratarse de una plataforma multicanal (y de pago). El 24 de noviembre de 2000, el mismo organismo hizo pública la resolución de un nuevo concurso al que se habían presentado cinco solicitudes. En esta ocasión sólo podían ser dos los beneficiarios: Veo Tv (Unedisa, 25%; Recoletos, 25.5%; Iberdrola, 20%) y Net Tv (Prensa Española, 25%; Árbol, 24%). Las emisiones –ambas en abierto- deberían comenzar en el segundo semestre de 2001 –pero se ha ampliado el plazo al mismo periodo del 2002- y las licencias tendrán una validez de 10 años. Los otros tres candidatos eran Horizonte Digital (un consorcio de diversas empresas catalanas, en el que Godó tiene una participación del 30%), la COPE y Telecomunicaciones Conver, cuyo accionista de referencia es el grupo sueco Skandinavia Broadcasting System (SBS). Finalmente, en noviembre de 1999 el gobierno Ruíz Gallardón concedió dos licencias para emitir también en abierto y a nivel autonómico, a los dos únicos candidatos que se presentaron: Onda Digital (Quiero Tv) y Prensa Española (Onda 6).

El problema de las emisiones en digital es que se requiere, hasta que se comercialicen los televisores digitales, un descodificador y éste tampoco se está comercializando de forma masiva porque no hay un acuerdo entre fabricantes y operadores sobre el estándar que se pretende utilizar.

En cuanto al ámbito local, la última noticia relevante ha sido, sin duda, la carta que ha enviado la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, a todas las comunidades autónomas en la que les pide que precisen, a la mayor brevedad, cuáles son sus necesidades de espectro radioeléctrico para, así, proceder a la elaboración del plan de frecuencias para la televisión local (ya digital), pendiente de desarrollo desde que se aprobara la ley de la televisión local (entonces analógica) en diciembre de 1995. De este modo, quizás se intenta frenar la tendencia cada vez más manifiesta de los grandes grupos –especialmente PRISA, Zeta y Correo, aunque también Planeta y Godó- a concentrar en sus manos un buen número de emisoras locales, lo que podría desembocar en la creación de redes de pequeñas emisoras que emitan la misma programación siguiendo el modelo italiano. La aprobación por el Ejecutivo central del plan técnico permitiría a las comunidades autónomas abrir los concursos para reordenar el mapa de la televisión local, y evitaría conflictos como el sostenido entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras la clausura por parte del primero en octubre de 1999 de tres emisoras locales, lo que fue entendido por el equipo de Bono como una invasión de su ámbito competencial.

 

3. Televisión multicanal y de pago: Quiero Tv, plataformas digitales por satélite y el cable. El mercado de las productoras
En el epígrafe anterior hacíamos referencia al lanzamiento de Quiero Tv, la única plataforma de televisión digital por ondas terrestres que funciona en nuestro país y que forma parte del holding Auna. Quiero comenzó sus emisiones en mayo de 2000, con un capital social de 27.000 millones de pesetas, siendo el primer operador digital que ofrece acceso a Internet a través de la pantalla del televisor. En enero de 2001 contaba con unos 210.000 abonados y espera alcanzar los 400.000 a finales de año. Si se mantiene este ritmo de crecimiento la plataforma podría comenzar a ser rentable antes del 2004, fecha en la que la empresa había previsto alcanzar la cifra de un millón de suscriptores. Quiero acaba de realizar una ampliación de capital de 14.000 millones, en la que han participado todos sus socios. La plataforma buscará, asimismo, una financiación externa de unos 75.000 millones para disponer de liquidez suficiente a la hora de realizar las inversiones que precisa, especialmente en compra de contenidos y mejora de la interactividad. En este sentido, Quiero ha avanzado su interés por el comercio a través de la televisión, que podría convertirse en su principal fuente de ingresos en un futuro inmediato.

Por otra parte, ha trascendido a la prensa la existencia de conversaciones entre Auna y SBS, el grupo sueco que ha competido en el último concurso para la obtención de un canal digital de televisión por ondas terrestres y que posee 11 cadenas de televisión y 16 de radio en diversos países europeos. Según estas fuentes, Auna estaría planteándose la venta de su 49% en Quiero a la empresa escandinava, coincidiendo esta operación con un informe del Deutsche Bank que cuestiona la estrategia audiovisual de Auna, que participa simultáneamente en dos negocios multicanal: la televisión digital por ondas terrestres y el cable, como luego veremos.

En cuanto a las plataformas digitales por satélite, la Ley 23/95, de 12 de diciembre, señala en su artículo 1 que para la prestación de servicios de telecomunicaciones por satélite se requerirá únicamente una autorización administrativa. Por tanto, la televisión por satélite en nuestro país no está sujeta al régimen de concesión. Así las cosas, en 1997 se lanzan al mercado las dos plataformas que hoy siguen emitiendo, a pesar de las continuas pérdidas que generan: Canal Satélite Digital (CSD), controlada por PRISA-Sogecable, en enero, y Vía Digital, liderada por Telefónica, en septiembre.

Actualmente Sogecable controla el 82.5% de CSD y Telefónica Media el 48.63% de Vía Digital, tras vender a principios de 2000 casi un 20% de sus títulos al fondo de inversión holandés Strategic Money Management. Entre los accionistas menores merece mención el hecho de que Antena 3 posea el 2.5% de los títulos de Canal Satélite, y Promociones Audiovisuales Reunidas, empresa propiedad del recientemente fallecido Antonio Asensio, el 5%. Destacamos estos datos porque Asensio –propietario de Antena 3 hasta el verano de 1997- formaba parte, junto a Televisa –que ahora tiene un 10%- y TVE –que ha vendido su participación a Telefónica- de los socios promotores de Via Digital, la plataforma promovida por el Ejecutivo de Aznar, y particularmente por el polémico Miguel Ángel Rodríguez.... hasta que, presionado por la difícil situación económica del Grupo Zeta, decidió vender los célebres derechos del fútbol a Polanco (Pacto de Nochebuena), incorporándose, de este modo, a la plataforma que se estaba configurando en torno a PRISA. Por tanto, ahora Telefónica controla Vía Digital y tiene una participación minoritaria en Canal Satélite Digital.

En lo relativo a sus niveles de audiencia y a su situación económica, Canal Satélite ha superado el millón de abonados, casi el doble que los de Vía Digital, y ha reducido considerablemente su nivel de pérdidas, que en el ejercicio 98 superaba los 17.000 millones de pesetas y un año más tarde, coincidiendo con su salida a Bolsa, no alcanzaba los 7.000. Mientras, Vía Digital tuvo en 2000 unas pérdidas de 42.184 millones y sus gestores han decidido, en vez de ampliar el capital en esa misma cifra –tal como habían venido haciendo hasta ahora-, solicitar un crédito de unos 106.000 millones –más o menos la cifra de pérdidas acumuladas desde su lanzamiento- al Chase Manhattan y a otras 36 entidades financieras más. En más de una ocasión se ha especulado con una posible fusión de las dos plataformas, solución que parece que va a adoptarse en Italia.

La tercera modalidad de televisión multicanal en España –junto a la digital por ondas terrestres y a la digital por satélite- es el cable. En diciembre de 1995, unos meses antes de concluir su cuarta y última legislatura, los socialistas aprobaron la ya mencionada Ley de la Televisión Local y la Ley 42/95, de Telecomunicaciones por Cable. De esto modo se daba, al fin, cobertura normativa a la situación de alegalidad en la que vivían cantidad de pequeños operadores, especialmente en el sur y levante peninsular, desde hacía más de una década, y a los que el Tribunal Constitucional había amparado en Sentencia 31/1994, de 31 de enero. El más alto tribunal los autorizaba a seguir emitiendo hasta que se elaborase la legislación pertinente, y ello ante las amenazas de clausura de sus instalaciones por las diferentes corporaciones municipales, que los acusaban de invadir zonas de dominio público con sus tendidos. Otras razones que impulsaron la aprobación de la Ley del Cable fueron la política de la UE en materia de liberalización de las telecomunicaciones y el hecho de que unos cincuenta ayuntamientos gobernados por el Partido Popular convocaran concursos para la adjudicación de redes de televisión por cable (CREMADES, 1998: 45-48).

Muy sintéticamente, los acuerdos entre municipios que siguen a la aprobación de la Ley 42/95 dividen el territorio español en 43 demarcaciones, que no obedecen a la estructura administrativa del Estado. En cada una de ellas podrán prestar servicios dos operadores: Telefónica –a quien se reserva la condición de primer operador sin necesidad de presentarse a concurso, y que todo parece indicar que pretende retirarse de este negocio- y un segundo operador, cuya licencia ha sido adjudicada, en las demarcaciones en las que había grupos interesados, por el Ministerio de Fomento. Las dos sociedades que aglutinan una participación mayoritaria en los segundos operadores del conjunto de demarcaciones son Cableuropa y Retevisión, normalmente en asociación con medios de comunicación y entidades financieras locales.

Estos operadores de cable –las llamadas redes de tercera generación, que incorporan fibra óptica en su red troncal- prestan servicios de televisión multicanal, acceso a Internet y telefonía, previéndose que ésta última sea su principal fuente de ingresos en el futuro. Queda por ver qué ocurrirá con los pequeños operadores históricos de televisión por cable, dado que la ley les obliga a cesar sus emisiones en el momento en que empiece a prestar sus servicios en su ámbito de difusión el segundo operador...

No podemos concluir este apartado dedicado a la televisión multicanal sin hacer referencia al mercado de las productoras audiovisuales que ha registrado alteraciones importantes en los últimos ejercicios. Merecen especial mención la incursión de Telefónica Media en este sector con la compra en marzo de 2000 de la potente productora holandesa Endemol y la adquisición dos meses después del 25% de Media Park –la principal empaquetadora de canales temáticos en nuestro país, con sede en Barcelona-, sin olvidar que en diciembre de 1999 aumentaba hasta un 50% su participación en Lola Films.

Prensa Española y el Grupo Correo también se lanzaban en 1999 al mercado de la producción audiovisual, al hacerse, respectivamente, con el 21% de las acciones de Europroducciones y el 20% de los títulos del Grupo Árbol. Por su parte, PRISA anunció el pasado 8 de marzo de 2001 la creación de una productora propia, Plural Entertainment, dirigida especialmente al continente americano, con sede en Madrid y Nueva York, si bien Sogecable ya es titular del 100% de la Compañía Independiente de Televisión, principal proveedora de Canal Satélite Digital.

Por el contrario, empresas de producción audiovisual como Árbol –que controla Globo Media y está en manos de Emilio Aragón- han decidido invertir en el nuevo mercado mediático. Así, este grupo controla el 24% del accionariado de Net Tv. Árbol, que estudia su salida a Bolsa, se ha convertido en la productora independiente de habla hispana con mayor volumen de negocio al hacerse en 2000 con la argentina Promofilm.

Otros datos significativos sobre esta cuestión son la fuerza que están cobrando productoras regionales como NTR, propiedad del Grupo Voz, y la creación de filiales orientadas al mercado emergente de la producción audiovisual para Internet, como es el caso de Boca a Boca Interactiva, controlada por César Benítez.

La última noticia que nos ha llegado antes de concluir la redacción de este trabajo se refiere a la creación del Grupo Pi, que en breve comercializará las producciones y derechos de Globomedia, Boca a Boca, Cartel y Vídeo Mercury.

 

4. Principales cadenas radiofónicas privadas
La introducción de la tecnología digital afecta igualmente al mercado radiofónico. Las tres grandes cadenas privadas que emiten hoy para todo el territorio nacional son la SER, Onda Cero y la COPE. Aunque la denominación data de 1942, el origen de la SER hay que situarlo en 1925, cuando un grupo de empresas eléctricas pone en marcha, bajo la dirección de Ricardo María Urgoiti, Unión Radio. Tras diversos cambios de propiedad, Polanco se va haciendo progresivamente con su control a lo largo de la década de los ochenta, proceso que concluye cuando el Estado le vende en 1991 el 25% de las acciones de la emisora, que poseía desde 1975, pues en los estertores del franquismo y primeros momentos de la democracia algunas empresas radiofónicas se habían visto obligadas a donar al Estado un tercio de sus títulos de propiedad para asegurarse la renovación de las concesiones. En 1992 Javier Godó decide vender a Polanco su participación mayoritaria en Antena 3 Radio –cadena que había surgido con el reparto de frecuencias derivado del Plan de 1979-, maniobra que suscitó no pocas críticas por la situación de monopolio del mercado que se generaba en favor de PRISA (FRATTINI y COLÍAS, 1996: 122-125 y 128-133).

La SER, líder indiscutible de audiencia en la radio española, con 4,5 millones de oyentes, manejaba en 1999, según un informe publicado en noviembre de 2000 en Noticias de la Comunicación, el 49.4% del volumen de negocio de la radio española, siendo Onda Cero (Uniprex) la única de las tres grandes empresas que presentaba una situación económica más delicada.

Las emisoras de Onda Cero –que ha experimentado un crecimiento de audiencia espectacular desde la incorporación de José María García hace apenas un año- son las de la antigua Cadena Rato, que da sus primeros pasos en 1940 cuando Ramón Rato compra Radio Toledo. La denominación Onda Cero data de 1990, fecha en que la Rueda de Emisoras Rato fue adquirida por la ONCE. En mayo de 1999 pasa a manos de Telefónica Media, que ese mismo año se hace también con la Cadena Voz de Radiodifusión. Telefónica Media ha tenido que renegociar los acuerdos con las emisoras asociadas a Onda Cero. El más conflictivo ha sido, sin duda, el que vincula a Uniprex con Radio Blanca, la mayor compañía de radio independiente española, propiedad del empresario asturiano Blas Herrero, y que cuenta con unas 70 emisoras de FM. El pasado treinta de enero ambas empresas anunciaron que finalmente habían llegado a un acuerdo, si bien la cifra del mismo no ha trascendido. Onda Cero, en su política de posicionamiento en el mercado frente a la SER y la COPE, ha firmado igualmente en enero de 2001 una alianza estratégica con Recoletos y Unidad Editorial (UNEDISA), la editora de El Mundo.

La Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE) comienza sus emisiones en 1960, siete años después de la firma de un Concordato entre el Estado español y la Santa Sede, que permitía a la Iglesia española crear sus propias emisoras de radio. La COPE ha permanecido todo este tiempo en manos de la Conferencia Episcopal, que actualmente sigue controlando aproximadamente las tres cuartas partes del accionariado de la segunda empresa radiofónica del país.

Entre las últimas noticias acaecidas en el mercado radiofónico español hay que destacar la entrada de Planeta en Radio España y las concesiones de radio digital. El Decreto 1287/1999, de 23 de octubre, aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora Digital Terrenal. Esta norma reserva a RTVE, para su explotación en régimen de gestión directa, seis programas -dos de ellos con posibilidad de desconexiones territoriales- y otros tantos para las comunidades autónomas. Y establece que el resto de programas han de ser adjudicados por los organismos competentes.

El último Consejo de Ministros de marzo de 2000, que precedió a las Elecciones Generales, ha adjudicado las diez primeras licencias a nivel nacional: SER, COPE, Onda Cero, Planeta-Luis del Olmo, Intereconomía, Prensa Española , UNEDISA, Quiero, Radio España y Recoletos. Y el 24 de noviembre del mismo año la concesión se amplió a los grupos Correo –que había quedado excluido en la anterior convocatoria- y Godó, quedándose de nuevo fuera el Grupo Zeta. Estas dos últimas licencias no permiten realizar desconexiones. Ante la inexistencia de receptores digitales, alguno de estos operadores ha comenzado a emitir por Internet.

A modo de conclusión.

En un mercado tan cambiante es arriesgado hacer predicciones de futuro. Concluiremos, no obstante, planteando una serie de interrogantes relativos a los aspectos que consideramos más inestables del sector y recomendando algunas fuentes para estar al corriente de los cambios que se vayan produciendo.

  • ¿Conducirá la adscripción de RTVE a la SEPI a su privatización? ¿Se reformará el Estatuto?

  • ¿Se implantará de algún modo la gestión privada en las televisiones autonómicas?

  • ¿Se hará, al fin, efectiva la Ley de Televisión Local? ¿Cómo se abordará el proceso de digitalización en este ámbito?

  • ¿Habrá mercado suficiente para todos los operadores de televisión digital por ondas terrestres? ¿Se fusionarán Canal Satélite Digital y Vía Digital?

  • ¿Qué ocurrirá finalmente con los cableoperadores históricos?

  • ¿Conseguirán las grandes cadenas radiofónicas nuevas licencias de radio digital? ¿Cómo evolucionará la política de alianzas en este sector?

  • ¿Se desmembrará el Grupo Zeta tras la muerte de Asensio?

  • ¿Mantendrán Telefónica y Retevisión su estrategia de penetración en el mercado audiovisual?

Para estar al corriente de todas estas cuestiones es obligado seguir las secciones de comunicación de los diferentes medios. Igualmente recomendamos publicaciones especializadas como Noticias de la Comunicación o Intermedios de la Comunicación. Anualmente el Grupo Z edita un informe coordinado por Bernardo Díaz Nosty en el que se recopila y analiza lo acontecido en el mercado mediático español a lo largo del año.

Consideramos de una utilidad excepcional las selecciones de información realizadas en portales especializados. En este sentido, recomendamos la revisión del apartado noticias del portal elaborado por el Instituto de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (www.portalcomunicacion.com o www.portalcomunicacio.com).

 

Nota: los datos que aparecen en este trabajo están actualizados hasta el 1 de junio de 2001.

Desde esta fecha se ha producido la absorción de Prensa Española por Correo; han comenzado sus emisiones la Televisión de Castilla-la Mancha y una programación para Extremadura que se emite desde Canal Sur -elaborada por la Productora Extremeña de Televisión, controlada por PRISA, y adjudicataria del concurso convocado por la Junta de Extremadura-; se ha acordado la utilización del estándar MHP para la televisión digital terrestre y Auna ha anunciado que, si antes de mediados de abril no logra llegar a un acuerdo para la venta de Quiero Tv, procederá a la liquidación de la plataforma.

 

Bibliografía utilizada

CACHO, J. (1999): El negocio de la libertad. Madrid: Foca.

CREMADES, J. (1998): "El marco regulatorio de los operadores de cable y satélite", Zer, , mayo de 1998, pp. 45-48.

FERNÁNDEZ, I. y SANTANA, F. (2000): Estado y medios de comunicación en la España democrática. Madrid: Alianza.

FRATTINI, E. y COLÍAS, Y. (1996): Tiburones de la comunicación. Madrid: Pirámide.

GIORDANO , E. y ZELLER, C. (1999): Políticas de televisión. Barcelona: Icaria.

IBÁÑEZ, J.C. (2001): "Televisión y cambio social en la España de los años cincuenta. Apuntes sobre el proceso de legitimación del medio televisivo en la dictadura de Franco", Secuencias, nº 13 , pp. 48-68.

IBÁÑEZ SERNA, J.L. (1995): Orígenes y desarrollo de Euskal Televista (1982-1992). Una aproximación a la historia de la televisión vasca. Leoia: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

MEZO-ARANZIBIA, J. (1990): Organizaciones frente a políticos: el caso de la televisión vasca. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

MORAGAS, M., GARITAONANDÍA, C. y LÓPEZ, B. (1999): Televisión de proximidad en Europa. Barcelona: Universitat Autònoma.

PALACIO, M. (2001): Historia de la televisión en España. Barcelona: Gedisa.

 

© Asociación Internacional de Jóvenes Investigadores en Comunicación
2004